Concluidos seis meses de intenso trabajo, la Comisión de reforma al Sistema de Pensiones realizó la presentación oficial de su Propuesta de Reforma al Sistema de Pensiones, con eventos de socialización en universidades de tres ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca.
Las tres presentaciones estuvieron a cargo del coordinador de la Comisión, Augusto de la Torre, quien comenzó, en Quito, explicando la necesidad de una reforma: “cuando los sistemas de pensiones funcionan bien, no hay que discutir sobre ellos. Sin embargo, cuando necesitan ser reformados, a la sociedad no le queda otro remedio que entender cómo funcionan, empezar a entender por qué hay problemas, y empezar a pensar cómo se les puede reparar”.
Hay cuatro razones por las cuales el actual sistema de pensiones necesita un cambio urgente:
- Inviabilidad: el sistema actual es inviable en el tiempo.
- Inequidad: el sistema favorece a algunos afiliados más que a otros.
- Falta de credibilidad: el sistema no es atractivo para captar nuevos afiliados.
- Disfuncionalidad institucional: el mismo consejo directivo se ocupa tanto del sistema de pensiones como del sistema de salud, generando poco expertise y poca focalización.
Las cuatro razones son importantes, pero la más urgente para una reforma es la inviabilidad financiera y fiscal. De continuar tal como está planteado en la actualidad, el sistema de pensiones no podrá sostenerse en el tiempo. “Estamos entrando en una zona de peligro, en la cual no va a haber dólares para pagar las pensiones de los jubilados. Cada vez hay más jubilados que viven más, mientras cada vez hay menos aportantes”, explicó el coordinador de la Comisión.
De la Torre aprovechó para aclarar que el déficit del sistema de pensiones no se solucionaría solamente con el hecho de que el Estado y los deudores privados cancelen sus obligaciones al IESS: “hay una leyenda urbana que dice que si el Estado le paga todo lo que le debe al IESS y se elimina la corrupción, ya está arreglado todo. No es así. La deuda existe y se debe pagar, pero eso no arregla el problema porque el problema es estructural.”
Existían varias alternativas o soluciones para reformar el sistema, pero la Comisión siempre cuidó que su propuesta fuera congruente con la Constitución ecuatoriana y con los pedidos recogidos en las consultas ciudadanas que se realizaron para recoger puntos de vista y aportes para la construcción de las reformas planteadas, dejando intactas cuatro aspiraciones principales:
- NO privatizar el IESS.
- NO aumentar la edad mínima para la jubilación.
- NO incrementar el porcentaje de aporte.
- NO mermar los derechos de los actuales jubilados, ni de quienes ya han cumplido los requisitos para jubilarse.
Tomando en cuenta lo anterior y buscando causar el menor impacto, se diseñaron algunas reformas que se estructuraron en tres pilares:
- Reformas al Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte
- Diseño de planes de ahorro para la vejez
- Modificación de la gobernanza del sistema de pensiones del IESS
Entre las principales propuestas, centradas estrictamente en el sistema de pensiones, están: impulsar la afiliación de los trabajadores autónomos, profesionales en libre ejercicio y los trabajadores independientes; estructurar una pensión con un componente fijo y uno variable; reformar el cálculo de las pensiones por un sistema más justo; mantener la actual tasa de aporte de 11.06%, la cual se aplicaría también al décimo tercero y al décimo cuarto sueldos; y mantener la edad mínima de jubilación en 60 años, aumentando gradualmente los años de aporte requeridos.
En cuanto a los planes de ahorro, la propuesta busca potenciar los fondos de ahorro propios del IESS, como los de cesantía y de reserva, e impulsar otros nuevos. Y, en lo referente a modificar la gobernanza, se plantea un cambio en el manejo del sistema de pensiones con un nuevo Consejo Directivo que, funcionando dentro del IESS se dedique exclusivamente a pensiones.
Hay que recalcar que, si la reforma entra en vigor tal como está planteada, no afectaría en lo más mínimo los derechos de los jubilados, quienes ya tienen asegurado su derecho a la pensión. Lo que busca esta propuesta es que en el futuro existan los recursos para honrar esas pensiones y las de los futuros jubilados.
La reforma tampoco afectará el derecho de los afiliados que están cercanos a jubilarse, ya que se iría aplicando gradualmente. Por ejemplo, la transición para el cálculo de las pensiones con base en los mejores cinco años de ingresos hacia el cálculo con el promedio de 30 años de aporte tardaría en completarse 25 años. Y, el período de transición para el cambio en el número de aportaciones (años) requeridos para la jubilación sería de 10 años.
Ahora, la Comisión espera que toda la sociedad ecuatoriana se empape sobre el tema y lo discuta a profundidad en beneficio de los futuros pensionistas. “Hasta aquí llega el trabajo de la Comisión, ahora empieza el trabajo de los políticos, del Gobierno y de la sociedad civil. Esperamos que este sea un proceso vigoroso y cívico de conversación nacional. Es un tema que no se puede tratar a la ligera”, señaló De la Torre.