Estudiantes y catedráticos de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) participaron en un foro para analizar la situación del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por el IESS. El evento se llevó a cabo en ese centro de educación superior, con la participación de Augusto de la Torre, miembro de la comisión de reforma al sistema de pensiones; Rodrigo Ibarra, experto actuario y Juan David Robalino, académico del Colegio de Administración y Economía de la Universidad San Francisco.
Augusto de la Torre presentó una serie de siete posibles reformas para hacer viable al sistema IVM para los próximos 60 años, según el nivel de oposición que podría generar.
- El primer punto de la reforma sería mejorar la gobernanza del IESS y que el sistema de pensiones esté a cargo de expertos y que no sea vulnerable a politización.
- En segundo lugar, se debería dotar de un mejor marco legal para la gestión de las inversiones del Biess, a fin de que sean más compatibles con los requerimientos del sistema de pensiones.
- En tercer lugar, sugirió que el Ministerio de Finanzas haga llegue a un acuerdo con el IESS sobre el monto de deuda no documentada que mantiene con el sistema de pensiones y que se plantee un plan de pagos.
- En cuarto lugar, la reforma estará encaminada en cambiar adecuadamente los parámetros (reglas de juego) que determinan la pensión vitalicia ofrecida por el IVM.
- En quinto lugar, se planteó disminuir el gasto administrativo en el Biess. En sexto lugar, se plantea la posibilidad de mantener las actuales edades mínimas para jubilarse.
- El séptimo punto es cambiar el actual esquema del fondo de reserva, fondo de cesantía y jubilación patronal por un sistema de ahorro para la vejez robusto.
De la Torre insistió en que, de no darse una reforma, el sistema ya no podrá pagar las jubilaciones dentro de 3-5 años, incluso si el Gobierno puede afrontar el pago anual del 40% de las pensiones. También advirtió que la reforma mantendrá los componentes de una pensión vitalicia equilibrada y que, además, los afiliados tendrían opciones de ahorro atractivas. La reforma también considerará recomendaciones al sistema administrado por el MIES, focalizado en personas pobres que no pueden ahorrar ni afiliarse, con el fin de que no sufran pobreza extrema en la vejez.
Juan David Robalino, catedrático de la Universidad San Francisco, hizo una evaluación actual del sistema. Indicó que, bajo las condiciones actuales, el Estado debe destinar un subsidio equivalente 2,8 puntos del PIB para cubrir los aportes de los afiliados que apenas son 33% de todos los trabajadores. Esto es un elemento explícito de inequidad. Pero, adicionalmente, ese subsidio otorgado por el Estado —que al final lo deben pagar todos los ecuatorianos, para un pequeño grupo de los trabajadores— es altamente regresivo. Es decir, que beneficia mucho más a los afiliados con mayores ingresos que al final tienen jubilaciones más altas.
Por ello, Robalino propuso que se sincere el subsidio del Estado a las pensiones. Es decir que se reconozca el aporte a las pensiones como un subsidio y, luego de esto, sea retirado de los deciles más altos de los afiliados. En pocas palabras, que el subsidio no se otorgue a los afiliados de mayores ingresos. Así, planteó que el aporte del Estado a las pensiones baje de 2,8 puntos porcentuales del PIB a 1.4 pc del PIB, pero que este subsidio sea mayor para los deciles más bajos de los afiliados (con menores recursos) y que se vaya reduciendo conforme mayor sea el ingreso del afiliado. Bajo este nuevo esquema, los afiliados ubicados más arriba del octavo decil ya no tendrían ningún subsidio y, por ende, sus pensiones serían menores.
Respecto a un sistema de ahorro para la vejez, adicional a la pensión vitalicia, el catedrático planteo que se determine una contribución mínima obligatoria donde los afiliados tengan la opción de ahorrar más. En este nuevo esquema, el IESS deberá garantizar una taza mínima de retorno. Rodrigo Ibarra planteó que el actual fondo de reserva se debe dividir en un fondo solidario de todos los afiliados y una cuenta individual para cada afiliado que sirva como un esquema de ahorro.
De esta última cuenta podrán participar los empleadores en reemplazo del esquema actual de jubilación patronal que en muchas ocasiones es sólo un registro contable.
Es decir, las empresas o entidades deberán hacer aportes reales a las cuentas individuales de ahorro de los trabajadores. Ellos podrán acceder a esta cuenta antes de jubilarse y ese esquema reemplazará a la actual jubilación patronal.