La Comisión Ciudadana para la Reforma Legal al Sistema de Pensiones por Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se reunió, el 15 de febrero del 2023, con un grupo de empresarias y ejecutivas en el campus de la Universidad de las Américas (UDLA) en el norte de Quito, con el objetivo de recoger sus criterios acerca de las posibles mejoras y reformas al estado actual del sistema.
La reunión estuvo dirigida por los expertos en economía y miembros de la comisión Andrea García Angulo, Augusto de la Torre y Pablo Lucio Paredes y tuvo la participación de 12 empresarias y ejecutivas destacadas de la capital.
Entre las presentes estuvieron: Annabelle Rodríguez, miembro del colectivo de ejecutivas 30% Club capítulo Ecuador, Julia Helena Carrillo, presidenta de Ipsos; Lucía Arteta, directora de Family Business Network; Ana María Molina, directora de Agrimpact; Diana Torres, presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito; Paulina Campaña, gerenta de Hunter y Hunter; Yadira Mora, directora de Siatigroup; Sandra Reed, socia del estudio jurídico Pérez Bustamante & Ponce; María Rosa Fabara, socia del estudio jurídico Bustamante-Fabara y Gabriela Sommerfeld, directora del hotel Le Parc.
Este es el segundo encuentro que la comisión mantiene con empresarias y ejecutivas destacadas del país. El pasado 9 de febrero, los comisionados tuvieron un encuentro con cerca de 15 empresarias guayaquileñas en el Bankers Club del puerto principal.
De esa invitación participaron Patricia Moreira, presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas (Capig); Caterina Costa, presidenta de la Junta Directiva de Holcim; Gabriel Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano; María Luisa Jaramillo, representante del grupo Papelesa; la consultora inmobiliaria Carolina Balmaseda; la exministra de la producción, Nathalie Cely y Ana María Pesantes, entre otras destacadas ejecutivas y empresarias guayaquileñas.
Durante ambas reuniones, las empresarias y ejecutivas conocieron más a detalle los problemas actuales del sistema de pensiones IVM. Por ejemplo, que en el año 2022, el pago de pensiones excedió a los aportes en USD 2 600 millones, sin tomar en cuenta el 40% que por ley debe aportar el Estado.
Incluso al tomar en cuenta esa contribución estatal de USD 1 950 millones el año pasado, el déficit del sistema bordea los USD 650 millones. Esta brecha se sigue incrementando debido a que los jubilados reciben entre 5 y 7 veces lo que durante toda su vida han aportado a valor presente.
Las ejecutivas también conocieron cómo funcionan los sistemas de pensiones y planes de ahorro en Estados Unidos, Colombia, México y Chile, y algunos casos de Europa.
Asimismo, se habló de la necesidad de un paquete de reformas basado en tres pilares: las pensiones jubilares, un monto ahorrado y la solidaridad con las personas de la tercera edad en condición de pobreza que no pueden acceder a una pensión.
Una de las principales observaciones iniciales de las empresarias y ejecutivas es que la reforma debe plantearse principalmente desde una campaña de comunicación efectiva entre la población -sobre todo los más jóvenes- para que tome conciencia de los problemas del sistema de pensiones que afectarán directamente a su futura jubilación.
Según las ejecutivas, el principal problema a comunicar es el problema demográfico del sistema y los cambios que se han dado en las últimas décadas y que han influido en el pago de las pensiones.
Las empresarias plantearon que se debería separar la administración del seguro de salud y de pensiones y que la afiliación debería ser libre y voluntaria para cada uno de ellos.
Respecto a la opción de una reforma en el que se cree un sistema de pensiones de reparto y además, un esquema de ahorro individual —que reemplazaría al actual fondo de cesantía y de reserva—, las participantes indicaron que debe implementarse inicialmente a través de un piloto que muestre a los trabajadores el beneficio de esta reforma.
También estuvieron de acuerdo en que la jubilación patronal debe ser reemplazada porque lo que genera es que las empresas despidan a los trabajadores que se acercan a cumplir 20 años de trabajo. Indicaron que puede ser reemplazado por un sistema donde el empleador aporte a una cuenta de ahorro, siempre y cuando el empleado también ahorre.
Este fondo estará a disposición del trabajador en el momento que se jubile y podrá trasladarlo a la empresa o entidad donde esté laborando. Es decir, se irá con el trabajador, al momento que cambie de empresa o entidad.
Sin embargo, las participantes coincidieron en que para que este nuevo esquema de jubilación sea atractivo para las empresas debe ser deducible de impuestos o generar algún tipo de incentivo tributario.
Finalmente, coincidieron en que el sistema de pensiones debe ser transparente no sólo en cuanto a su administración, sino también sobre las cifras que cada uno de los afiliados está aportando. Es decir, anualmente los afiliados deben conocer cuánto han aportado, cuánto van a recibir cuando se jubilen y con cuánto aportará el Estado a sus futuras pensiones.