El sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) tal como está concebido es inviable y no se sostendrá de aquí a 50 o 100 años. Es por esta razón que la Presidencia de la República del Ecuador conformó una comisión interdisciplinaria para elaborar un proyecto de reforma.
Su principal y único objetivo es elaborar una propuesta técnico legal para cambiar el sistema de pensiones ecuatoriano, con una particularidad: tendrá la participación activa de la sociedad civil y de las instituciones públicas.
El diálogo con la ciudadanía y su posterior reforma se centrará en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y otros fondos relacionados, como el seguro de desempleo, cesantía, fondo de reserva, riesgos del trabajo, que están manejados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Y a esto se suma el sistema de jubilación patronal.
Ocho comisionados son parte de esta iniciativa
La Comisión está liderada por Augusto de la Torre, experto en macroeconomía, finanzas, desarrollo económico y catedrático de Columbia University de Nueva York (EE.UU). Fue Economista jefe para América Latina del Banco Mundial.
De la Torre aporta con una vasta experiencia en esta temática con trabajos de investigación y asesoría en reformas de pensiones de varios países, como parte del Banco Mundial.
Con su participación se busca restaurar la viabilidad y equidad del sistema de pensiones para los siguientes 100 años.
El equipo cuenta con tres abogados: Karla Morales, Doménica Cobo y Eduardo Carmigniani, quienes además de su experiencia aportarán en la sustentación legal de la propuesta.
Morales actualmente es responsable externa de asuntos corporativos de empresas ecuatorianas y extranjeras; mientras que Cobo, además de ejercer la abogacía, es promotora de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la dirección de la Fundación Juntas por ellas.
Carmigniani es socio y director de Carmigniani Pérez Abogados. Destaca por su experticia en arbitrajes nacionales e internacionales y ejecución de laudos extranjeros en Ecuador.
Pablo Lucio Paredes y Andrea García son expertos en Economía y destacan en la docencia, como profesor y director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y docente de la ESPOL, respectivamente.
Paredes ha estado vinculado a la discusión sobre este tema desde hace 35 años, por lo que lo ha analizado en libros, artículos y lo discutió en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Siempre con un solo espíritu: “mente abierta para ser útil”.
El amplio conocimiento numérico y estadístico de García contribuirá en el diseño de la reforma al sistema de pensiones. Su profundo conocimiento sobre investigacion académica también aporta en la identificación y resolución de problemas.
El economista Fabián Vilema es coordinador nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional. Aporta con su experiencia en economía territorial, desarrollo local y gobernanza a pensar en la importancia de las dinámicas sociales y culturales en el planteamiento de una reforma inclusiva y solidaria.
Finalmente, el grupo cuenta con otro economista: Andrés Hidalgo, quien actualmente es presidente de la Junta Directiva del Grupo Faro.
Los ocho comisiones participan de forma voluntaria y no cuentan con ninguna retribución económica ni cargo en la función pública.
*Eduardo Carmigniani fue miembro pero se separó a comienzos de marzo.
Principios de eficiencia, equidad y otros marcan el trabajo de la Comisión
La propuesta de reforma que presentará la Comisión apuntará a resolver problemas de sostenibilidad y viabilidad financiera y fiscal del sistema de pensiones.
Tomará en cuenta lo dispuesto en la Constitución de la República, en especial en el artículo 367 que establece que el sistema de seguridad social no podrá privatizarse.
Además, tomará en cuenta los principios de eficiencia, solidaridad, obligatoriedad, universalidad, subsidiariedad, suficiencia y equidad social; así como, la escasez de recursos fiscales y los desafíos que enfrenta el sistema por el cambio del perfil demográfico de la población.
Hay que recalcar que se consultará de manera estructurada, amplia y pluralista con representantes de gremios laborales y empresariales, autoridades del sector público y organizaciones de la sociedad civil.
Esto significa que se incluyen a agrupaciones de jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y nacionalidades indígenas y cualquier persona o grupo que tenga interés en emitir sus criterios.
Los comisionados cuentan, además, con la asistencia técnica de expertos de entidades multilaterales, como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización Internacional de Trabajo (OIT).
La Comisión entregará, en mayo del 2023, al Presidente de la República y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) el informe que incluye el proyecto de reforma legal del sistema de pensiones ecuatoriano, recomendaciones y conclusiones.
El objetivo es que la reforma goce de la mayor legitimidad, para que, a través de los procesos legislativos pertinentes, según las competencias de las Funciones Legislativa y Ejecutiva, llegue a ser considerada para su tratamiento y resolución. La Comisión quedará disuelta y dejará de funcionar, tras la entrega del informe final.
Las conclusiones, recomendaciones y propuestas de reforma legal que la Comisión elabore no serán de carácter vinculante.
El trabajo de la Comisión se facilitará y estructurará con base en un procedimiento que permita, por un lado, la construcción de una discusión nacional sobre la reforma que requiere el sistema de pensiones, tomando en cuenta la mayor cantidad de apreciaciones y/o sugerencias de las entidades públicas y la sociedad civil; y, por otro lado, el diseño de una propuesta de reforma legal con sustento técnico.
De esta manera, esperamos que el trabajo de la Comisión abra el camino hacia una eventual propuesta de reforma legal que goce de la mayor legitimidad, para que, a través de los procesos legislativos pertinentes, según las competencias de las Funciones Legislativa y Ejecutiva, llegue a ser considerada para su tratamiento y resolución.