Un modelo que permita al afiliado contar con un ahorro individual para cuando se jubile; mantener la contribución estatal; que los valores acumulados sean invertidos de forma eficiente y masiva y se defina un sistema de reparto equitativo fue parte de la propuesta que hicieron tres analistas económicos para reformar el sistema de pensiones del IESS.
Vicente Albornoz, José Hidalgo y Santiago García se reunieron con la comisión a cargo de plantear las reformas al Sistema de Vejez, Invalidez y Muerte (IVM).
En el encuentro, liderado por Augusto de La Torre y Pablo Lucio Paredes, se vio la necesidad de transparentar el mejor modelo de pensiones y que más credibilidad tenga para afiliados y jubilados y para las personas de la tercera edad en general.
Los analistas coincidieron en la importancia de que se promueva el ahorro y que el afiliado conozca cada año hasta jubilarse cuánto tiene en su cuenta individual.
El ahorro puede ser visto como una forma de autoprotegerse y, a través del aseguramiento, la persona se está protegiendo del riesgo de que al envejecer sus capacidades para producir se tornan más débiles y se deja de trabajar.
Sin embargo, se analizó que el talón de Aquiles es que este ahorro se politice y se ofrezcan beneficios que no estén garantizados técnicamente.
Asimismo se planteó que este ahorro se canalice en una inversión masiva y segura, para que crezca con una buena rentabilidad. Para esto consideraron conveniente que se estudie fondos privados exitosos, como los de los maestros.
Un tercer elemento- no menos importante- es el aporte del 40% del Estado para financiar las pensiones. En este punto primero se pidió mayor transparencia de las cuentas fiscales a fin de conocer cuánto debe el Estado, cuánto ha pagado y lo que adeuda.
Tener claridad en estas cifras ayudaría a entender a la población por qué este porcentaje actualmente resulta insuficiente para cubrir las pensiones. Hay una brecha cada vez más grande entre los ingresos por aportes de los afiliados y lo que se cancela por pensiones.
Esto también abriría el camino para la conciliación de las cifras entre el Estado y el IESS y conocer hasta dónde aguantan las finanzas públicas para sostener este aporte en el tiempo.
Una vez transparentadas y analizadas las cifras se propuso ajustar este 40% en dos vías. La primera estableciendo una modalidad para definir esta contribución estatal, por ejemplo, de acuerdo con la inflación anual o como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).
Actualmente este aporte del Estado representa el 2% del PIB y puede seguir creciendo porque el número de jubilados crece, mientras el número de afiliados decrece.
El segundo planteamiento es que la contribución del Estado se mantenga para los actuales jubilados, pero a futuro no solo sea para quienes se jubilan en el IESS sino también para los que no tienen seguro social.
Actualmente, un jubilado con una pensión promedio de USD 600 recibe del Estado 40%, es decir, USD 240; mientras que los que carecen de seguro no tienen ninguna pensión o son beneficiarios de las pensiones que da el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Si se ajusta este 40%, los analistas creen que puede resultar más fácil establecer el resto de reformas y, que no necesariamente implican cambiar la edad de jubilación, sino más bien equilibrar entre el tiempo que un afiliado aportó y el tiempo en que recibirá el beneficio.
Finalmente se habló de que en un sistema de pensiones es sensato tener un esquema de reparto para asegurar el riesgo de mortalidad y a su vez distribuir entre los que han aportado al IESS y los que no tienen asegurada su vejez.