Desde hace alrededor de 20 años se venía hablando de que el sistema de pensiones tenía problemas. Y ahora llegamos al momento en el cual el cambio demográfico torna urgente que se haga una reforma.

El cambio demográfico consiste, por un lado, en el envejecimiento de la población, y, por otro lado, en que las familias ecuatorianas redujeron la tasa de natalidad; entonces el panorama es complicado porque no solo tenemos más personas de la tercera edad y que ahora viven mucho más tiempo, sino que además hay menos personas jóvenes que se afilien al sistema.

Por cómo está diseñado el sistema, deberíamos tener ocho afiliados por cada jubilado, pero solo tenemos cinco, y en el futuro serán menos. Por eso, lo que entra por aportes de los afiliados y por la contribución del 40% que el Estado da al sistema de pensiones ya no alcanza para pagar las jubilaciones.

No existe la más mínima posibilidad de privatización del IESS. Se mantiene la institución y se mantiene el Sistema de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Fondo de Cesantía, el Seguro de Desempleo, el Seguro Social Campesino, etc. Nuestra propuesta tiene solamente alternativas que nos van a ayudar a solucionar el problema.

No hay nada de eso. Los derechos adquiridos de quienes ya están jubilados y de quienes ya son elegibles para hacerlo se respetan al 100%. La propuesta no afecta en nada a estas personas y, por el contrario, asegura que sus pensiones puedan continuar pagándose. Definitivamente hay que realizar una reforma porque, si se deja al sistema como está, no hay forma de que se supere la realidad del envejecimiento de la población y el avance de la esperanza de vida. Ningún gobierno puede controlar esta situación porque está en la naturaleza, lo que podemos hacer es adaptar el sistema que tenemos para poder vivir con la realidad de tener jubilados que viven más años.

Se basa sobre los llamados criterios de elegibilidad: cuando una persona cumple esos criterios, se vuelve elegible para acceder a su pensión jubilar, calculada con base en una combinación entre la edad que tiene al momento de jubilarse y los años de aporte que ha realizado al sistema.

Hoy en día las personas pueden jubilarse a los 60 años habiendo aportado 30 años; o a los 70 años, habiendo aportado 10 años. Entonces, la relación entre años los de aporte y la edad es inversa, es decir, mientras más tarde se jubila una persona, su expectativa de vida se reduce y recibe el beneficio de la pensión por menos tiempo.

Lo que propone la Comisión es transitar durante 10 años para incrementar el número de aportes y llegar a una nueva tabla en la que la persona que tenga 60 años deberá tener 35 años de aportes; y una persona que tenga 70 años podrá tener 15 años de aportes.

Debemos empezar conociendo que del 20% del ingreso que se aporta al IESS, solo el 11,06% va al fondo de pensiones. El resto va a salud, cesantía, desempleo, etc. La Comisión no ha propuesto modificar la tasa de aporte del 11,06%, pero sí se recomienda que en lugar de aportar sobre 12 sueldos se haga sobre 14, es decir, que coticen también los décimos tercero y cuarto sueldos ya que los jubilados reciben 14 pensiones al año. Esa es una de las medidas, y la otra es eliminar las inequidades del sistema actual que permite que personas con pocos años de aporte se jubilen con pensiones más altas que quienes han aportado más años.

Lo fundamental es que la tabla actual que determina quién es elegible tiene varias inequidades. Por ejemplo, si hay dos personas que se jubilan a los 70 años, y una aportó 10 años, y la otra 40 años, significa que la segunda aportó cuatro veces más que la primera. Lo lógico sería que la segunda reciba una pensión tres o cuatro veces más alta, tomando en relación los años que tendrá de beneficio y los años de aporte. Pero resulta que uno recibe solo dos veces más que otro, lo que indica que tenemos un sistema injusto y por eso estamos corrigiendo la tabla. Hay que relacionar de mejor manera cuántos años se tendrá de beneficio vs. cuántos se tendrá de aporte.

Si una persona quiere jubilarse a los 60 años deberá haber aportado más que quien se quiere jubilar a los 65 años porque la esperanza de vida varía entre ambos. Sin embargo, hay que ser enfáticos en que se respetan los derechos de quienes ya están jubilados porque seguirán recibiendo sus pensiones con el actual sistema, así como quienes ya son elegibles para la jubilación. Quienes están en el camino, porque tienen 15 o 20 años de aporte, irán entrando proporcionalmente en el nuevo sistema, de modo que el cálculo de su pensión al futuro se hará combinando los beneficios y obligaciones del actual sistema con los del nuevo sistema de acuerdo con el tiempo que haya permanecido en cada uno.

Este es un tema de enorme preocupación para la Comisión. La Ley de Seguridad Social vigente dice que los trabajadores independientes están obligados a afiliarse y la Constitución también habla de obligatoriedad que tienen de unirse al sistema, pero esto no se cumple. Los jóvenes que trabajan por cuenta propia van a seguir aumentando y, si ellos no se afilian, el sistema va a morir más rápido.

Pero para que se afilien debe valer la pena que lo hagan y lo primero es impulsar a que el sistema pague lo que promete. Si no se recupera la confianza y la credibilidad será muy difícil atraerlos. La Comisión propone varias cosas para hacer atractivo el sistema para los jóvenes. Por ejemplo, les decimos que deberán afiliarse obligatoriamente al IVM y al Fondo de Cesantía, que se convierte en un plan de ahorro para la vejez. Y, si demuestran tener un seguro médico privado, no estarán obligados a afiliarse al seguro de salud.

Hay una preocupación y ese es un círculo vicioso porque la gente dice que, si el IESS está tan mal, por qué se va a afiliar. La ciudadanía tiene todo el derecho de quejarse, pero la Comisión es consciente de que, aunque esos son problemas de fondo que agravan la situación, no son la causa fundamental de la crisis del sistema.

Nosotros proponemos hacer una lista de todo lo que hay que mejorar en cuanto a transparencia, acceso a información, pago de la deuda del Estado, pago de la deuda patronal, etc., pero, aunque nos pongamos de acuerdo en aquello, si pedimos a un actuario que haga una proyección, nos va a decir que solucionar esos temas ayuda, pero no soluciona problema. Necesitamos hacer una reforma para que el sistema sea compatible con el proceso de cambio demográfico.

El futuro político de la propuesta es decisión de los políticos. Desde la Comisión vemos que, si rechazamos hacer una reforma, vamos a terminar sin un sistema de pensiones, y lo que sucederá es que el Gobierno que llegue no tendrá los fondos suficientes para pagar las pensiones. Tarde o temprano se tendrá que hacer una reforma, pero, mientras más pospongamos la decisión, más dura tendrá que ser mientras. Si nos adelantemos, podemos hacer lo que la Comisión está proponiendo: aplicar los cambios en un período de transición que dura 30 años, aproximadamente. Eso se puede hacer ahora que tenemos cuatro o cinco años más de financiamiento para el sistema, pero si nos demoramos más, vamos a tener que aumentar las tasas de aporte de los afiliados, incrementar la edad mínima de jubilación y, además, pedirle al fisco que contribuya más de lo que hace ahora.

Nuestra Comisión, que es integrada por un grupo de ciudadanos, ha entregado esta propuesta a los ecuatorianos y ahora está en manos del Gobierno y de la ciudadanía decidir qué se hace con esta. El Presidente de la República pidió a la Comisión que la propuesta sea explicada públicamente, y así lo hemos hecho a través de las universidades, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. A partir de esto, a finales de julio la Comisión entregará los documentos finales de la propuesta, que son un informe y un borrador de un anteproyecto de Ley, y con eso finalizará nuestro trabajo. Allí empieza la labor de la ciudadanía y de los políticos.

La Comisión no tiene el mandato para proponer reformas al sistema de salud, pero somos conscientes de que necesita una reforma urgente. Por tanto, debería haber otra comisión que piense en cómo arreglar de manera permanente los problemas de salud ya que tienen varias distorsiones. Por ejemplo, en todos los sistemas el jubilado sigue pagando una prima por acceso a salud, entonces, en Ecuador se requiere definir cómo se va a pagar ese servicio en caso de que no haya el pago de esa prima para que el sistema no continúe desfinanciándose.

Tenemos un sistema que tiene errores en su diseño desde hace varias décadas. Pero en lugar de buscar al culpable lo que debemos hacer es proponer una solución que sea razonable, y en esa línea ha ido la Comisión.

Uno de los errores que la Comisión se centró en corregir es el del 40% del aporte del Estado porque este porcentaje se entrega de forma proporcional tanto para las pensiones más altas como para las más bajas. En consecuencia, este subsidio beneficia -en dólares- a los jubilados que tienen pensiones más altas, y eso no es justo. Entonces, lo que propone la Comisión es que, en dólares, el monto llegue igual para todos los jubilados, de manera que el Estado beneficie a todos en iguales condiciones. Ese sería un sistema más justo.

La propuesta de la Comisión es una base para abrir la Comisión y que, ojalá, se planteen nuevas y mejores ideas. El mensaje que la Comisión quiere dejar a los ecuatorianos es que una reforma al sistema de pensiones es urgente. Si no se la hace en el corto plazo, habrá que aplicar otras propuestas que pudieran ser más drásticas para los afiliados y para los próximos jubilados, por ejemplo:

• Acelerar el período de transición. La propuesta de la Comisión es que la transición dure hasta 25 años para hacer el nuevo cálculo del monto de la pensión con base en los 30 años de aportes; y hasta 10 años para pasar de los 30 años actuales de aporte a 35. Si se deja pasar el tiempo, habrá que acelerar esos plazos.
• Subir la tasa de aportación que actualmente hacen los afiliados al IVM y que corresponde al 11,06% del salario.
• Subir la edad mínima de jubilación, que hoy en día se ubica en los 60 años.